El Gobierno del La CDMX, en un gesto digno de aplauso mediático, ha decidido declararle la guerra al transporte público irregular… mientras las banquetas siguen rotas, los baches se multiplican como conejos y las unidades regulares —esas que sí tienen concesión— se caen a pedazos. En una jugada sin precedentes (porque nunca antes se les ocurrió hacer su trabajo), cancelaron cuatro concesiones. Sí, cuatro. De miles. ¿Por qué? Porque los operadores estaban borrachos, menores de edad al volante o acosaban a usuarias. Pero el verdadero villano, claro, no es el Estado que permite calles sin alumbrado o rutas sin señalización, sino el chofer de combi que también esquiva baches con el alma.
Daniel Sibaja, flamante titular de la Secretaría de Movilidad, anunció con tono firme que ahora sí habrá consecuencias penales, porque “priorizan la seguridad y la vigilancia”. Mientras tanto, la realidad: gente colgándose del estribo, transportes sin frenos y colonias sin pavimentar. Pero no hay que preocuparse: si algo pasa, puedes enviar tu queja por WhatsApp… suponiendo que tengas datos en San Pablo Tecalco o en lo alto de un cerro sin cobertura.
Presentan el Programa Estatal de Movilidad 2024-2029 con palabras elegantes: integración, mejoramiento y protección. Todo muy bonito, aunque los únicos que se integran son los trabajadores que caminan 2 kilómetros para tomar un camión que llega tarde, si es que llega. Eso sí, no falta la perspectiva de género: ahora 47 mujeres manejarán unidades exclusivas para usuarias. Buen paso, pero insuficiente en un sistema colapsado.
El gobierno declara cero tolerancia a lo irregular, pero tolera perfectamente la desigualdad, el abandono de zonas pobres, la falta de inversión y la hipocresía estructural. Porque mientras ellos hablan de modernización desde una sala con aire acondicionado, los únicos que trabajan —y se arriesgan— siguen siendo los de abajo.
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